22.000 millones de euros de ahorro y 62.000 funcionarios afectados si se eliminan las Diputaciones

La supresión de las diputaciones provinciales, medida propuesta por Ciudadanos y aceptada por el PSOEDiputacion en su pacto de Gobierno, afectará a más de 62.000 puestos de trabajo y a los servicios públicos que actualmente se prestan en muchos municipios pequeños. Por otra parte, el mantenimiento de las diputaciones le supone al estado alrededor de 22.000 millones de euros de gasto tal y como se refleja en los últimos Presupuestos Generales del Estado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que la supresión de las diputaciones provinciales es una decisión adoptada de manera unilateral y defiende “un modelo de administración «moderna, eficiente y cercana a los ciudadanos, con una gestión transparente y rigurosa» para evitar los errores que contribuyeron a agravar la crisis económica en España”. Esta gestión “incluye una correcta planificación de los puestos de trabajo, reforzando aquellos ámbitos donde sea necesario, porque no sobran trabajadores, como pone en evidencia los problemas en la prestación de servicios provocadas por los recortes», añade.

Un importante ahorro de recursos públicos
En los últimos Presupuestos Generales del Estado aparecen 7.954 millones de euros en partidas adjudicadas a las diputaciones provinciales, y 15.082 millones de euros a las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Algunos expertos aseguran que mantienen muy poca transparencia en su gestión, lo que ha llevado a albergar en muchos casos situaciones de corrupción. También destacan las desmesuradas cuantías que estos organismos públicos dedican a gastos corrientes y personal, teniendo en cuenta que se trata de instituciones que no prestan servicios directos a los ciudadanos (sanidad, servicios sociales, etc.)

Más de siete mil millones de deuda
Tradicionalmente, los partidos políticos que han formado Gobierno se han negado durante años a eliminar las diputaciones provinciales a pesar de que la deuda que contraen se ha ido incrementando poco a poco. Según los datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre del actual ejercicio, las diputaciones, cabildos y consejos acumulan una deuda de 7.194 millones de euros, de los que 4.168 millones corresponden a las de régimen común, 2.040 a las forales y 986 a las entidades insulares.

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