Aragón: los funcionarios pagan por ir al médico

El desacuerdo entre el gobierno aragonés y la Administración General del Estado en la renegociación delFuncionarios_aragon_pagan_sanidad convenio para la cobertura sanitaria de los funcionarios de esta Comunidad Autónoma está produciendo que gran parte de ellos hayan comenzado el año sin poder asistir a los centros sanitarios en las mismas condiciones que el resto de funcionarios y trabajadores, es decir, de forma gratuita. De esta forma los funcionarios aragoneses acogidos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), a la Mutualidad General Judicial (Mageju) y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).deben pagar cada vez que acuden a un centro sanitario público, debiendo abonar 70 euros por una consulta al médico de cabecera. Si la asistencia sanitaria que precisan es más complicada, el recibo se va incrementando.

La situación afecta a miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de las oficinas territoriales dependientes de ministerios y de otros organismos públicos, según ha desvelado el diario “Heraldo”, que se encuentran encuadrados en Muface, Mageju, y en Isfas. De forma específica, el problema se concentra en los que residen en pueblos o ciudades en las que no hay clínicas privadas en las que puedan ser atendidos de acuerdo con la aseguradora particular a la que estén acogidos.

El último convenio que estaba en vigor fue firmado en la anterior legislatura por el Ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi (PP). El actual Gobierno regional del PSOE considera que las condiciones económicas que se recogieron en él son lesivas para las arcas autonómicas, porque se ha estado repercutiendo a las aseguradoras de esas mutuas unos importes muy inferiores a los que deberían haberse facturado.

Por este motivo, cuando el 31 de diciembre expiró la vigencia del convenio, el Gobierno aragonés PSOE-Chunta rechazó prorrogar su aplicación. Y, al no haberse alcanzado un acuerdo para un nuevo convenio, desde el 1 de enero los mutualistas que acuden a la Sanidad pública aragonesa tienen que pagar por la asistencia que reciben.

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