El Fiscal General reclama más funcionarios para asumir la instrucción de los delitos

21 noviembre 2013.-

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha intervenido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar la última Memoria de su departamento y ha reclamado un mayor número de recursos, en especial de funcionarios y ha destacado el bajo ratio de funcionarios por fiscal que se da en nuestro país: 0,8 funcionarios por fiscal. Según el Fiscal General “el déficit de medios personales planea como una sombra ante la asunción de la investigación penal que el borrador de Código Procesal Penal auspicia”.

Torres-Dulce desglosó los datos que obran en la última Memoria del Ministerio Público, en la que destaca que la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada mantenía un total de 290 causas en trámite a finales de 2012. Según este documento, durante el año pasado esta fiscalía especial asumió la competencia de 41 nuevos procedimientos penales, frente a los 39 del año anterior, 4 de ellos derivados de la conclusión de otras tantas diligencias de investigación abiertas por la propia Fiscalía y 8 asignados por orden del fiscal general del Estado.

La Memoria también destaca el hecho de que a lo largo de 2012 se abrieran varias causas referidas a cajas o entidades financieras en crisis “que han alterado la normal labor de los fiscales”. En concreto, a las ya incoadas contra Caja Castilla-La Mancha y Caja del Mediterráneo ese año se sumaron las investigacioes a Caixanova, Banckia, Banco de Valencia y Caixa-Cataluña.

Torres-Dulce ha recordado que las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151 por ciento en los últimos tres años. En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.

Por otro lado, la última Memoria detecta un aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y un incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa. También se detecta un descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento. La lección que puede sacarse de estos datos, según Torres-Dulce, es que “es indispensable reforzar los órganos de control de las administraciones para una detección precoz de la acción corrupta”, así como dotar de más medios a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas.

Fuente: Eleconomista.es, elderecho.com

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