El Gobierno descarta la jubilación parcial y anticipada de funcionarios

 20 junio 2014.-

El Gobierno ha descartado la jubilación parcial y la jubilación voluntaria anticipada de los funcionarios públicos Trabajador, miembros de las fuerzas y ciertos de seguridad del estado y trabajadores de la Administración de justicia. Olaia Fernández Dávila, portavoz del BNG en el Congreso, se interesó por saber la situación en que se encuentra el desarrollo normativo de la jubilación parcial y la jubilación voluntaria anticipada de los funcionarios, al que el Gobierno estaba obligado en virtud de una disposición de la Ley de Seguridad Social aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La respuesta oficial del Gobierno indica que ya en julio de 2012 se suprimió por decreto el acceso a la jubilación parcial de los funcionarios públicos, así como la previsión de que se pudieran establecer por ley y con carácter excepcional condiciones especiales para la jubilación voluntaria.

“Ello obedece, entre otras razones, a la inviabilidad de su puesta en práctica en los momentos actuales, máxime si se tiene en cuenta la diversidad de los colectivos que integran la Función Pública española”, explica, y que “en el contexto de grave crisis económica no resultaba oportuno realizar políticas tendentes a la jubilación anticipada y parcial de los funcionarios, cuando por otra parte se retrasaba la edad de jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social” de manera progresiva hasta los 67 años.

Equiparación de Muface con Seguridad Social
En cuanto a la equiparación y homogeneización de la protección social de los funcionarios de Muface con los acogidos al Régimen General, el Gobierno recuerda que los funcionarios del Régimen General sí pueden acceder a la jubilación anticipada voluntaria, y que en los últimos años ya se han tomado medidas para conseguir una “mayor cohesión” entre los distintos regímenes que integran el sistema de Seguridad Social, en pro de una “aproximación cuantitativa y cualitativa” de las pensiones.

Además, desde el 1 de enero de 2011 todos los nuevos funcionarios quedan integrados en el Régimen General, con lo que ello conlleva en términos de pensiones por jubilación, incapacidad o muerte y supervivencia. Sin embargo siguen coexistiendo dos regímenes de protección social y, por tanto, legislaciones diferentes aplicables a los funcionarios que, pese a estar sometidos a un mismo sistema retributivo, causan pensiones en condiciones diferentes”, admite el Gobierno.
Por eso, “no cabe establecer una equiparación absoluta y plena” entre ambos regímenes ni se puede aplicar la misma normativa de cómputo para calcular los derechos sociales de los trabajadores de la Función Pública, tal y como sentenció el Tribunal Supremo.

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