La Comisión para la reforma de la Administración Pública española a punto de presentar su informe final

13 mayo 2013.- El 30 de junio de 2013 es el plazo que tiene la Comisión para la reforma de las administraciones públicas para presentar su informe tras un año y medio de trabajos desde que se constituyó en noviembre de 2012. El informe, ya con propuestas concretas y un calendario de implantación de las medidas, presumiblemente estará de acuerdo con el programa nacional de reformas remitido a Bruselas, en cuatro direcciones: la simplificación administrativa, la supresión de duplicidades, la mejora en la gestión de servicios y medios comunes, y los retoques en la administración institucional.

De las conclusiones de dichos trabajos se deberá extraer si efectivamente el sector público español se encuentra sobredimiensionado, si sobran funcionarios, si el gasto es excesivo e incluso si admitiendo que el gasto público en España es relativamente bajo en comparación con países de nuestro entorno, se hace necesario compatibilizarlo con la burtal caída de ingresos que se está produciendo.

Según informa el diario La Voz de Galicia, el gasto público en España alcanzó el año pasado el 47 % del PIB, casi tres puntos por debajo del promedio de la eurozona. Ese porcentaje, además de ser más bajo, está inflado por el gasto en prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda, como recordaba el economista Manuel Lago el pasado viernes.
En el envés, los ingresos públicos en España con respecto al PIB -presión fiscal- se reducen al 36,4 %. Casi diez puntos por debajo de la media de la eurozona. La diferencia con algunos países socios llega a ser escandalosa: 8,8 puntos menos que Alemania, 11,3 puntos menos que Italia o 15,3 puntos menos que Francia. Y no tanto porque las tarifas de los impuestos sean más reducidas, sino por la enorme bolsa de fraude incrustada en el subsuelo de la economía española.
Dos conclusiones se extraen de esos datos. Uno: la dimensión del sector público español es notablemente inferior a la que sostienen los países socios. Y dos: la reforma fiscal debería preceder, en el orden de prioridades, al recorte del gasto público y de la Administración.

Las estadísticas, cualquiera que sea la fuente utilizada -OCDE, OIT, Eurostat-, no avalan la impresión generalizada de que España es un país rebosante de funcionarios. Ni mucho menos. En el 2012 había 2,917 millones de empleados -aproximadamente dos millones de funcionarios y un millón de contratados laborales y eventuales- en el sector público, cifra equivalente al 12,7 % de la población activa. El promedio en el conjunto de los 34 países que integran la OCDE se eleva al 15 % de los activos.

Eurostat corrobora que la plantilla de las administraciones públicas españolas no está sobredimensionada. Según esa fuente, que no incluye al personal educativo, sanitario y de servicios sociales -lo incluye en otros epígrafes-, cifra en 1.298.300 los asalariados al servicio del sector público, lo que supone un 2,8 % de la población española y un 9,2 % del conjunto de trabajadores españoles por cuenta ajena. Los datos concluyen que, en términos relativos, proliferan más los empleados públicos en Alemania -uno por cada 29 habitantes- o en Francia -uno por cada 27 habitantes- que en España, donde, sin contabilizar a profesores y médicos, la proporción es de uno por cada 36 habitantes.
Si en el cómputo incluimos a todo el personal dedicado al servicio público, España se convierte, después de Austria, Portugal e Italia, en el país con la Administración más austera de toda la Unión Europea: un empleado por cada 16 habitantes. En el extremo opuesto, reflejo del mayor desarrollo del Estado del bienestar, figuran tres países nórdicos: Dinamarca, Suecia y Finlandia.

Bien es cierto que, durante los últimos cinco años, mientras la crisis arrasaba millones de puestos de trabajo en el sector privado, el empleo público no ha disminuido en España, a diferencia de lo sucedido en otros países de la Unión Europea. Creció durante el primer trienio de crisis y descendió en los dos últimos años, hasta situarse en el 2012 en 2,9 millones de empleados, la misma cifra del 2007.

Mejora de la eficiencia
Uno de los objetivos confesos de la reforma consiste en mejorar la eficiencia de la Administración. A través de una doble vía. Primero, mediante la exigencia de mayor dedicación y esfuerzo por parte de los servidores públicos. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, «tenemos que hacer mucho más con mucho menos». Y en segundo lugar, mediante la modernización de la estructura administrativa, la eliminación de trabas burocráticas y la supresión de duplicidades.

Fuente: La Voz de Galicia, http://www.seap.minhap.gob.es

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