La paralización de la privatización de la sanidad madrileña es un triunfo de sus trabajadores

29 enero 2014.-

Más de un millón de madrileños (el 18,02% de los que tienen tarjeta sanitaria) y 5.128 profesionales sanitarios y no sanitarios podrían haber sufridoDoctor “perjuicios irreparables” si no se hubiera paralizado la privatización de seis hospitales madrileños, una operación que conllevaría transacciones económicas de casi 4.680 millones de euros. Esas son algunas de las razones esgrimidas por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ratificar la suspensión de la externalización aprobada por el Gobierno de Ignacio González (PP). En su resolución, los magistrados han puesto números a “la dimensión extraordinaria del proceso” que, aseguran, podría no tener vuelta atrás en caso de que hubiera seguido adelante.

Tras meses de protestas y acciones programadas por los trabajadores de la sanidad pública madrileña, en el movimiento “marea blanca”, esta decisión ha supuesto un triunfo para ellos.

La decisión del Tribunal Superior ha llegado después de que el expresidente de lo Contencioso del tribunal madrileño y ahora vocal en el Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP Gerardo Martínez Tristán, avocara al pleno de esa Sala todos los recursos contra la privatización al considerar que podían dar lugar a resoluciones contradictorias, lo que parecía poner en peligro la paralización decretada en septiembre por la sección tercera. El 9 de enero, ese pleno, formado por más de 40 magistrados decidió sin embargo dejar sin efecto lo ordenado por el presidente y devolver a las respectivas secciones (tribunales entre tres y cinco magistrados) sus respectivos recursos.

Ahora, la sección tercera resuelve el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la paralización y ratifica esta última especificando con cifras la importancia del concurso, un proceso “de dimensión extraordinaria”, como recuerdan los magistrados. Aparte del número de usuarios y profesionales afectados, la sala recuerda que la externalización puesta en marcha por el Gobierno madrileño afectaría a seis hospitales (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo) con 1.149 camas, cuatro centros de especialidades y otros cuatro de salud mental. En total, los municipios afectados serían 92 además de dos distritos de la capital, lo que “engloba a una población sanitaria de 1.151.588 personas”.

“En materia de personal hay parte de él que extingue su contrato”, recuerda el auto. “Hay plazas que se amortizan, se producirán traslados en masa y cambios de destino en cadena de importante magnitud si se tiene en cuenta el número de profesionales afectados (5.128), por lo que la recomposición del capital hgumano de los equipos de trabajo parece realmente inviable”, asegura. “Hay subrogación en 392 contratos y las concesionarias, lógicamente, harán infinidad de nuevos contratos cuando venzan aquellos en los que se subrogan”, prosiguen los magistrados, que recuerdan: “Se habría impuesto un nuevo sistema de toma de decisiones y de gestión”, por lo que “el director y los cargos directivos” de cada uno de esos centros privatizados “los designarían las concesionarias”.

Pero, además, los magistrados adelantan que aprecian “la existencia de una causa de nulidad” de la decisión de la Comunidad de Madrid de modificar la fianza que las concesionarias debían prestar. Solo cuatro días antes del final del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó como “corrección de errores” un cambio sustancial en la garantía del 5% que deben presentar los adjudicatarios. Al añadir la palabra “anual”, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en 28. Esa modificación podría haber impedido a otras empresas optar a ese concurso, según el tribunal.

Esa drástica reducción de la fianza introducida mediante “corrección de errores”, según los magistrados, constituye también “una grave infracción legal que no solo afecta a las condiciones de competencia entre las empresas”, sino también “al servicio que van a desarrollar dichas empresas y a los servicios que van a recibir los usuarios”, ya que esas fianzas están destinadas a “asegurar que puede afrontarse cualquier tipo de responsabilidad derivada de una mala o incorrecta ejecución del contrato”. Los 28 millones a los que quedan reducidas no sirven ni siquiera “para garantizar los pagos anuales adelantados” que la Comunidad iba a realizar a cada concesionario.

Reacciones
Csi-f. El sindicato mayoritario del sector público ha manifestado que lo ocurrido en Madrid, además, tiene una trascendencia nacional, puesto que esta comunidad es punta de lanza de las políticas de privatización emprendidas desde que comenzó la crisis económica.
En este sentido, CSI-F advierte al Gobierno y comunidades autónomas deben tomar muy buena nota de lo ocurrido y rectificar las políticas de recorte de los servicios públicos y del personal al servicio de las administraciones públicas, que han sido seña de identidad de nuestro estado del bienestar a lo largo de la democracia.

Afem. “Es una pena que este anuncio haya tardado tanto cuando hace un año que les ofrecimos ayuda para gestionarlo de otra manera”, ha señalado Fátima Brañas, vicepresidenta de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem). Ha considerado, además, “necesaria” la dimisión presentada por Lasquetty porque “su único interés era llevar a cabo un proceso de privatización al margen de cualquier otro argumento”.
ADSPM. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha manifestado, a su vez, que la retirada de la externalización es “una victoria de las movilizaciones sociales y profesionales, que llevan ya un año y medio”, según el secretario de la asociación, Marciano Sánchez. Considera que “no hay que bajar la guardia, hay que continuar vigilantes, porque hay muchas cosas que se quieren privatizar, como la extracción de sangre y la lavandería central hospitalaria”. La retirada del plan debe ser “motivo de optimismo para los que defendemos la sanidad pública”, según Sánchez para quien “es la demostración práctica de que con movilizaciones mantenidas en el tiempo, sí se puede”, ha dicho.

SATSE. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha mostrado su satisfacción por “mantener un modelo de gestión pública” de la sanidad madrileña, y ha manifestado que cualquier decisión que se tome sea de modo consensuado con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y los profesionales sanitarios.

CC OO. La secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado, ha destacado que el proceso de privatización “ha estado plagado de irregularidades”. “El que no se lleve a cabo [la privatización de la gestión de seis hospitales] es una garantía para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, ha añadido. Sobre el cese de Fernández-Lasquetty, Cuadrado ha recordado que el sindicato lo viene pidiendo desde hace tiempo y ha considerado que era “lo más consecuente” que podía hacer.

UGT. El secretario del sector de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid, Ignacio Hernández, ha considerado a su vez que la dimisión de Fernández-Lasquetty era “lo más justo” porque, en su opinión, “se ha equivocado desde el principio”. Asimismo, Hernández ha sostenido que “se ha demostrado” que la Marea Blanca, en la que están los profesionales de la sanidad, los sindicatos y la ciudadanía, “tenía razón” cuando exigían la paralización de la privatización de los seis hospitales públicos.

Fuente: elpais.com

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