Los funcionarios quieren gastar menos en medicinas al abrirse el melón del copago

Dolors Montserrat está teniendo serias dificultades para cerrar la caja de los truenos que ella misma abrió. La ministra, que encendió a 2,34 millones de jubilados con ingresos superiores a 18.000 euros al año al dejar caer que tocará al alza su sistema de copago farmacéutico, ‘rectificó’ 10 horas más tarde en un tuit y volvió a matizar sus palabras casi un día después en RTVE. Allí intentó tranquilizar a los pensionistas enfurecidos asegurando que dichos ajustes “no están en la agenda del Gobierno”, sin descartar futuros cambios. Esta cascada de contradicciones tampoco ha dejado indiferente al colectivo de empleados públicos inscritos en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), Isfas (Defensa) y Mugeju (Justicia).

Ahora que Sanidad ha abierto el melón del copago farmacéutico, “sería razonable que se reflexione sobre la situación de los empleados públicos jubilados”, plantean fuentes del sindicato CSI-F en declaraciones a este periódico. El número de afiliados a Muface asciende a casi 1,5 millones, a los que hay que sumar los casi 100.000 de Mugeju y los 621.000 de Isfas. En total, más de 2,2 millones de personas disfrutan de las ventajas y sufren los inconvenientes de un régimen que hasta hace unos años era opcional para el colectivo de funcionarios. Ahora todos pasan directamente al régimen general de la Seguridad Social (SS), sin posibilidad de elección.

Los empleados públicos que quedan en las mutuas desembolsan el 30% del precio de los medicamentos recetados, a diferencia de los trabajadores del régimen general. Estos últimos abonan el 10% del coste y además tienen topes mensuales de pago: ocho euros para los que ingresan entre cero y 18.000 al año, 18 euros para los que perciben entre 18.000 y 100.000, y 60 euros para los que rebasan los 100.000. Para los funcionarios, no hay límite que valga. Es decir, una persona con una enfermedad crónica siempre tendrá que abonar el 30% de los fármacos que consuma, independientemente de su renta anual.

En CSI-F lamentan que las clases pasivas del sector público apenas tengan descuento a la hora de acudir a la farmacia, y piden al Gobierno que reduzca ese porcentaje de pago del 30% al 15%. “Sería el primer paso para que abran la puerta a otras modificaciones más profundas. Lo lógico es ir hacia un sistema de aportaciones acordes a los ingresos anuales”, como ocurre con los topes en el régimen general. En esa línea van los ajustes planteados por la ministra, con el objetivo de que paguen más los que más tienen, y por eso deslizó su intención de subir el copago en los tramos que superen cierto umbral de renta.

Nadie discute que los funcionarios de las mutuas salgan perjudicados en el copago farmacéutico, sobre todo aquellos con pensiones de 700 euros al mes que desembolsan lo mismo que un compañero con ingresos de 2.000 euros. Pero eso no significa que estén exentos de lo que algunos califican como “privilegios” en ámbitos como la prestación sanitaria de Muface, que se realiza con carácter excluyente a través de la SS o de una aseguradora privada. Los afiliados pueden pedir cita directamente con el médico especialista sin pasar por el de cabecera y tienen la cobertura sanitaria de la compañía que les corresponda dentro de las mutuas, por ejemplo. Y sin listas de espera. Estos servicios, además, se extienden a los familiares de los empleados públicos (hijos y cónyuges) en caso de que éstos cumplan los requisitos establecidos, como no estar protegido por el régimen del sistema de la Seguridad Social o vivir con el titular.

Los trabajadores del sector público pierden ventajas en la edad de jubilación a cambio de beneficiarse del pago del 30% del coste de los medicamentos cuando están en activo. Los empleados registrados en la SS, en cambio, deben ‘copagar’ o ‘repagar’ el 40% con carácter general o más si sus ingresos superan cierto techo, si bien algunos colectivos como los parados de larga duración ya no desembolsan ni un euro por las medicinas. Las rentas anuales de más de 100.000 euros abonan el 60%.

“De momento, no hay nada que decir. Es un tema que no se ha tocado”, responden fuentes del Ministerio de Sanidad a la pregunta de qué va a pasar con los funcionarios y el copago. No obstante, el departamento liderado por Dolors Montserrat no descarta estudiar la situación de los jubilados del sector público en un futuro, cuando las propuestas de la ministra se materialicen.

Desde CCOO, piden que las condiciones de los sistemas de Muface, Isfas y Mugeju se equiparen al régimen general de la Seguridad Social, tanto para las clases pasivas como para las activas. “El principio de progresividad ya se aplica en los tributos”, añade Raúl Olmos, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato. En esa misma línea se pronuncia CSI-F cuando dice que los españoles “ya pagamos el sistema sanitario con nuestros impuestos”.

Fuente: elconfidencial.com

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