Los trabajadores retoman las movilizaciones contra la privatización de la justicia

12 junio.-

Las protestas y movilizaciones de los trabajadores de la Administración de Justicia van a volver a producirse durante este mes de junio. Según ha anunciado el sindicato CSI-F, los empleados públicos de este ámbito quieren luchar por el mantenimiento del servicio público y dejar patente su rechazo a la privatización y a las reformas que está impulsando el Ministerio.

Los trabajadores se concentrarán en todos los centros de trabajo de la administración de justicia, entre las 11.30 y las 12.30 horas. Estas concentraciones e repetirán los días 19 y 26 de junio y si no se producen negociaciones con el Ministerio, los sindicatos han manifestado que tras el verano se intensificarán las movilizaciones con paros parciales, sin descartar la huelga.

Entre los puntos conflictivos por los que se van a producir las protestas destaca la escasez de medios (intencionada según los sindicatos para justificar una posterior privatización), la privatización del Registro Civil, los recortes salariales que se están aplicando en algunas comunidades autónomas, y la ley de tasas judiciales.

Sobre esto último, el pasado viernes se conoció un acuerdo del Tribunal Supremo por el que se exime a los trabajadores beneficiarios de la Seguridad Social de la obligación de pagar tasas en sus conflictos laborales, como los despidos, si bien según CSI-F solo se refiere al orden social lo que discrimina a funcionarios y estatutarios.

Así, el personal funcionario y estatutario de la Administración, cuyos derechos laborales se dirimen en el orden contencioso administrativo seguirán pagando esta tasa según este sindicato, a diferencia, por ejemplo, del personal laboral de la Administración que lo hace en el orden social y que si se ven exentos de su pago por el acuerdo del Tribunal Supremo.

En concreto, a los funcionarios y estatutarios se les obliga a abonar una tasa de entre 480 y 720 euros en los casos de recursos de apelación (similar a la súplica del orden social) y casación. Asimismo, este personal se ha visto castigado por el cambio legal en el régimen de la condena en costas (pago de gastos de abogado y procurador de la parte contraria) impuesto en el año 2011 y que no se sufre en el orden social por el resto de los trabajadores.

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