Por primera vez un juez permite el pluriempleo a un funcionario

5 Junio 2014.-

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona ha dictado una sentencia que sugiere la necesidad deBarcelona flexibilizar la vigente Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, para que el personal funcionario pueda compatibilizar su puesto con una segunda actividad en el sector privado.

La sentencia estima una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Barcelona por parte de un Policía Local que pretende compartir su actividad con el ejercicio de la abogacía y refiere en sus fundamentos jurídicos varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que se pronuncian en la misma dirección.

El juez justifica su decisión al entender que las congelaciones y rebajas salariales aplicadas a lo largo de los últimos años han supuesto una pérdida del poder adquisitivo de hasta un 20 por ciento, que lo han hecho retroceder a niveles retributivos propios de 2003 y años anteriores.

“Cuando las retribuciones de los funcionarios son usadas, congeladas y reducidas por los Gobiernos de la Nación como un elemento más de política económica, ya no puede seguir sosteniéndose una aplicación a rajatabla de la Ley de Incompatibilidades de 1984”, añade la sentencia.

El juez asevera advirtiendo de que las administraciones públicas no pueden pretender tener a un personal al cual se le está exigiendo cada vez más pagándole menos y mantener a su vez un régimen de incompatibilidades que resulta ‘incompatible’ con la realidad social. “Como dice el refrán castellano, estamos ante la situación del perro del hortelano, que ni como la hierba ni deja comerla”, apunta el juez.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) valora de manera positiva esta sentencia y propone al Gobierno, en primer lugar, que compense a los empleados públicos por la pérdida de poder adquisitivo y, en segundo lugar, que flexibilice la aplicación de la Ley de Incompatibilidades con criterios más razonables y acordes a la realidad social.

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