Según el Gobierno ceder el Registro Civil a los registradores mercantiles dejará de ser una carga para los PGE

5 agosto 2014.-

La memoria justificativa y de impacto económico del decreto ley ómnibus aprobada por el Consejo de Ministros y convalidada enHuelga188x120 el Congreso incluye la reforma del Registro Civil. El texto señala que “no hay otra alternativa” y que si se diera a otros funcionarios se “consumirían valiosos recursos imprescindibles” en la Administración. El Ejecutivo se felicita de que con su atribución a los registradores mercantiles se aprovecharán las infraestructuras materiales y el personal del que dispone este colectivo, “sin coste alguno para la Administración ni para los ciudadanos”.

Destaca que esta medida conllevará un “notable ahorro de costes” para las Administraciones como consecuencia de la interconexión de datos y precisa que “no existen alternativas distintas a las formuladas que permitan alcanzar” estos objetivos.
Precisa que su traslado a otros funcionarios dentro de la Administración de Justicia se encontraría con varias “dificultades”. Entre ellas, el mantenimiento a cargo de los PGE, concursos de personal y traslado y nuevos inmuebles destinados a estas oficinas. Añade el documento que los registradores sufragarán los gastos de este servicio público y para ello se crea legalmente una corporación de derecho público que financiará la contratación del sistema “mediante cuotas proporcionales al número de operaciones realizadas”.
El Ministerio de Justicia defiende que los registradores mercantiles son funcionarios públicos y garantiza que el “nivel de calidad” del servicio será homogéneo en todo el país.

Convocatoria de huelga
Los sindicatos no han recibido con agrado esta medida y han convocado a huelga a los funcionarios del registro civil después del verano. Para CSI-F, por ejemplo, la gestión del Registro Civil por registradores mercantiles es una “privatización” y ha anunciado que iniciará el próximo 1 de septiembre una campaña de concentraciones, manifestaciones y encierros entre los más de 2.500 trabajadores del Registro Civil.

CSI-F ha anunciado que iniciará una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para promover un recurso de inconstitucionalidad y estudiará las medidas legales oportunas para frenar esta iniciativa.
El sindicato calcula que la medida compromete “la estabilidad en el empleo de 2.500 personas” y cree que afectará a la gratuidad del servicio público “previsiblemente a través de futuros aranceles que recaerán en los bolsillos de los ciudadanos”. El sindicato, avisa, además, que el nuevo proyecto de demarcación territorial de los Registros también “supondrá destrucción de empleo y perjudicará directamente al Registro Mercantil”. Según CSI-F, el real decreto ha sido impulsado “a espaldas de los sindicatos” y “sin contar con la unanimidad de las diferentes comunidades autónomas con competencias en materia de justicia”.

Desaparición
Comisiones Obreras (CC.OO.) por su parte también ha rechazado de forma tajante la “privatización” del Registro Civil, la cual, señalan, supondrá que “los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos”.
Según esta organización la decisión del Ejecutivo supondrá “la desaparición del Registro Civil”, implicará el pago por la tramitación de numerosos expedientes y, posiblemente, en el futuro, por determinadas inscripciones y certificaciones y la pérdida de cerca de 4.000 empleos públicos, por lo que ha anunciado un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones sindicales, colectivos jurídicos y ciudadanos así como la convocatoria de una huelga el 8 de octubre.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.